Ordenamiento jurídico comunitario
Ordenamiento jurídico comunitario
Europa
Para construir Europa, los Estados miembros han firmado conjuntamente una serie de tratados por los que se han creado instituciones que adoptan normas jurídicas en ámbitos determinados. Esta normativa, aplicable en el seno de la Unión Europea, constituye lo que se ha dado en llamar el derecho comunitario e instaura el ordenamiento jurídico comunitario que garantiza el funcionamiento de la Unión Europea. El
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
es la institución jurisdiccional comunitaria. Su misión principal consiste en examinar la legalidad de los actos comunitarios y garantizar que la legislación de la UE se interpreta y aplica del mismo modo en los distintos Estados miembros.
El Derecho comunitario está formado por una serie de normas jerarquizadas:
- Los tratados (como el Tratado de Roma, el Tratado de Ámsterdam o el Tratado de Niza) constituyen la base, el derecho primario de la Unión Europea. Los actos asimilados (protocolos y convenios anexos a los tratados), así como los tratados de adhesión, también forman parte del derecho primario. Todos los actos legislativos comunitarios deben conformarse a los tratados.
- Los derechos fundamentales y los principios generales del derecho comunitario. En gran parte, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es la que garantiza y contribuye a la protección de los derechos fundamentales codificados en la Carta de los derechos fundamentales. Como ejemplo, cabe mencionar el derecho de propiedad, la libertad de ejercer una actividad profesional, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de opinión, la protección de la familia, la protección de la intimidad, la libertad de religión y de credo, el principio de seguridad jurídica o la igualdad de trato.
- Los acuerdos externos celebrados por la Comunidad Europea o la Unión Europea. Son convenios firmados entre la Unión Europea y terceros países, organismos regionales u organizaciones internacionales, que deben conformarse necesariamente a los tratados. Cabe mencionar los acuerdos de Cotonú, relativos a la cooperación para el desarrollo con los países de África, el Caribe y el Pacífico.
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El derecho comunitario derivado está constituido por los actos jurídicos adoptados por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo en los ámbitos que son competencia de la Unión Europea. Este derecho está basado necesariamente en los tratados. Pueden distinguirse dos tipos de actos:
- Los actos vinculantes crean una obligación jurídica. Se trata, en primer lugar, del reglamento, que es una regla directamente aplicable en todos los Estados miembros y cuya finalidad es garantizar que el derecho comunitario se aplica del mismo modo en todos los Estados miembros. El reglamento fija un objetivo y los medios para alcanzarlo como por ejemplo, en el ámbito de la Política Agrícola Común. La directiva, en segundo lugar, establece los objetivos que deben alcanzar los Estados miembros, dejándoles escoger los medios, y contribuye a armonizar las legislaciones nacionales, especialmente para realizar el mercado único. Por último, la decisión permite reglamentar situaciones específicas y está destinada sólo a determinadas instancias o personas de la Unión Europea.
- Los llamados actos no vinculantes son las resoluciones, declaraciones, acuerdos, recomendaciones, deliberaciones, conclusiones, códigos de conducta, acciones o posiciones comunes. Tienen, sobre todo, valor político. -
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La jurisprudencia del Tribunal tiene un papel muy importante en el funcionamiento y la evolución de la Unión Europea, ya que permite precisar y hacer evolucionar el derecho comunitario. Así, la jurisprudencia del Tribunal ha hecho posible la creación de un espacio jurídico para todos los ciudadanos europeos, protegiendo los derechos que la legislación comunitaria les confiere en diferentes aspectos de su vida diaria.
En general, las características del derecho comunitario se derivan a menudo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que ha trazado importantes principios que rigen el derecho comunitario: - La aplicabilidad inmediata del derecho comunitario. Se trata de la obligación que tienen las administraciones y los jueces nacionales de aplicar plenamente el derecho comunitario dentro de sus ámbitos de competencia, así como de proteger los derechos que confiere a los ciudadanos.
- La primacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional. Las administraciones y los jueces nacionales deben ignorar cualquier disposición del ordenamiento jurídico nacional que sea contraria a la norma comunitaria, independientemente de que dicha disposición sea anterior o posterior a ésta última.
- La responsabilidad de los Estados miembros. Los Estados miembros son responsables ante una posible violación del derecho comunitario. La protección de los derechos conferidos a los particulares por las normas comunitarias es reforzada, lo que también contribuye a que los Estados miembros apliquen más rápidamente las normas comunitarias. Todo incumplimiento del derecho comunitario por parte de un Estado miembro puede ser denunciado ante el Tribunal quien, en caso de que el Estado en cuestión no ejecute el fallo que constate dicho incumplimiento, puede imponerle una sanción, una multa o ambas. La jurisprudencia del Tribunal también permite a los ciudadanos entablar una acción contra un Estado por violar el derecho comunitario. Siempre y cuando dicha violación le haya causado un perjuicio, el ciudadano podrá llevar el caso ante una jurisdicción nacional.
El Tribunal de Justicia trabaja también en colaboración con los jueces de los Estados miembros, que son jueces de Derecho común en materia de Derecho comunitario. Cualquier juez nacional que deba resolver un litigio relativo al derecho comunitario puede, y a veces debe, someter al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales, que tienen por objeto hacer que el Tribunal dé a conocer su interpretación de una regla del derecho comunitario o que controle su validez.
Junto al Tribunal de Justicia, la Comisión Europea es la guardiana de los tratados. Ambas instituciones garantizan y controlan que el derecho comunitario se aplica del mismo modo en los Estados miembros.
- Última actualización: 08.09.2008
